Por Amanda Ospina, Directora Ejecutiva
El negocio de la televisión por cable en Colombia, afronta una crítica situación. Pero como haría un médico que quiere curar el mal: hay que evaluar los antecedentes y prever el futuro. El negocio floreció de manera desordenada y pirata mediante la utilización de cabeceras de pocos canales y redes cortas de baja calidad. Cuando la Comisión Nacional de Televisión (CNT) expidió finalmente la reglamentación del servicio, ya existían miles de kilómetros de cable tendido y centenares de amplificadores y antenas parabólicas operando. Se buscó remediar la situación, mediante exigencias, pero esto ha generado fuertes presiones no sólo en los 154 cableoperadores que hoy operan legalmente en el país sino en los mismos legisladores. Esto es lo que el médico llamaría «Los efectos de la medicina».
Cuando algunos operadores de cable en Colombia aspiraron a la licencia zonal, ya tenían avanzado el montaje de redes en las ciudades principales y en algunos municipios aledaños, sin incorporar todos los parámetros de calidad de las redes.
Panorama actual
Hoy los usuarios conectados a estos sistemas, poseen una tarifa mensual que no refleja la situación real de los costos. Desgraciadamente no es el operador de cable quien determina la tarifa, sino el mercado (el cual también se ve afectado por la crisis económica por la que atraviesa el país), y los clientes actuales y potenciales encuentran oportunidades de conectarse a otros sistemas cuya tarifa está entre un 50% y un 75% por debajo de la que se debería cobrar, (esto debido al grado de ilegalidad que aún se encuentra este negocio en el país) para que resulte rentable hacer inversiones en dichas redes.
Por otra parte, la «guerra de usuarios» no es más que la clara presión que están padeciendo casi todos porque se les acerca la fecha (febrero-marzo) en que tendrán que reportar a la CNT, el número de abonados pactado y los requisitos a cumplir. Esta guerra de usuarios, obliga a los sistema de cable a realizar alianzas con quienes prestan el servicio a través de antenas parabólicas y hasta con los comunitarios, pagando entre 5 y 6 dólares por usuario mientras logran canalizar con fibra óptica. Y sin decir nombres y apellidos ya se pueden identificar a los sobrevivientes.
Lo cierto es que la inercia que trae el mercado, producto de la ilegalidad hace prever dos (2) años muy difíciles par alas empresas que trabajan en condiciones de legalidad. Hacerle comprender a los usuarios que este servicio hay que pagarlo por lo que realmente cuesta, será un arduo proceso, que va a requerir el apoyo de los programadores internacionales. De ello va a depender el fortalecimiento de los operadores legales en Colombia.
Si existe el problema, existe la solución
Requiere idear estrategias para un país que tiene problemas en la capacidad de las redes, de tarifa (hoy de hasta US$ 3.-), que padece serios problemas de orden público y donde el tema del servicio de TV se vuelve tan sensible por ser hoy la fuente de entretenimiento principal del pueblo colombiano. Se aproxima una dura batalla para atacar la piratería y la ilegalidad con muchos años de ventaja.
La tarea no será fácil y deberá comprometer el trabajo conjunto de programadores internacionales, operadores legales y autoridades colombianas (CNTV, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, POLICIA NACIONAL, entre otros). EPM Televisión es una empresa nacional que viene trabajando con Sky, DirecTV y TV Cable Bogotá en este propósito.
La Directora Ejecutiva