El presidente saliente José Mujica disparó una norma, que fue aprobada con los votos del oficialismo y está compuesta por 186 artículos que establecen una regulación para radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. Estas extensísimas sesiones, algunas de ellas terminaron con insultos a los representantes, con un intento de enfrentamientos a puños entre algunos funcionarios y el diputado del Frente Amplio, Carlos Gamou pero finalmente la norma ha sido concretada.
Estas normas pusieron al gobierno y a la oposición en tenaz enfrentamiento por su contenido. Los primeros la defienden por entender que el país y sus medios electrónicos de comunicación requerían una actualización.
Los segundos la rechazaban calificándola de cercenadora de la libertad de expresión, al punto de incluso presagiarle un futuro inconstitucional.
Y es que la ley apunta a terminar con los monopolios y oligopolios; regula la publicidad limitándola en el tiempo de exposición, apunta a motivar la producción audiovisual nacional, establece nuevos códigos en la protección de los menores ante la exposición de contenidos violentos y fija sanciones a quienes violen estos parámetros.
Para evitar la concentración de medios, la Ley establece que un titular no podrá ser propietario, total o parcialmente, de más tres empresas de radio o televisión abierta, ni de más de seis licencias de TV de pago, segmento en el que los suscriptores de un operador no podrán superar el 25% del total de hogares del país.
Esta regulación expresa que un 60% de la programación de los canales y radios deberá ser de producción o coproducción nacional, y un 30% tendrá que ser realizado por productores independientes de la propia emisora.
Para impulsar la ficción, los canales deberán emitir al menos dos horas de programas de ficción a estrenar por semana, mientras que las radios deberán emitir un 30% de música nacional. La publicidad está limitada a un máximo de 15 minutos por hora, y establece un nuevo horario de protección al menor, entre otros aspectos.
Un dato clave es que la norma, conocida como «Ley de Medios» limita el ingreso de capitales extranjeros a los medios uruguayos, estipulando que los aspirantes a titular de un servicio de comunicación audiovisual deberán no ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de una licenciaría.